El jefe algoritmo ya tiene que dar la cara

Esta semana ha pasado algo que a mis clientes más pequeños les va a sonar lejano, hasta que se den cuenta de que no lo es. Países Bajos ha multado a Uber con 825 millones de euros por desactivar conductores de forma automática, sin que nadie revisara el caso, cuando el sistema sospechaba fraude o veía demasiadas valoraciones bajas. Un conductor se quedaba sin ingresos de un día para otro porque una máquina lo había decidido así, y la empresa no era capaz de explicar bien por qué.

Casi al mismo tiempo, el 5 de octubre, entró en vigor en España el Real Decreto 723/2026, que obliga a cualquier empresa, no solo a las grandes plataformas, a informar por escrito a sus trabajadores cuando un sistema automatizado influye en sus turnos, su salario, un ascenso o un despido. Hay que explicar qué variables usa el sistema y qué margen tiene una persona para corregirlo. Y el trabajador puede pedir esa información, con un plazo de treinta días hábiles para recibirla.

Leo las dos noticias juntas y pienso en mis clientes, que no son Uber ni se le parecen. Son clínicas con un programa que reparte turnos solo, asesorías con un Excel que calcula comisiones con una fórmula que ya nadie recuerda del todo, academias con un sistema que decide a quién le toca cubrir una baja. Ninguno pensaría que tiene "un algoritmo" en el sentido que suena en las noticias. Pero si ese programa decide, aunque sea algo tan modesto como el turno de mañana, entra de lleno en lo que ahora exige la norma.

Durante años el discurso del cumplimiento normativo se ha concentrado en los datos que la empresa recoge de sus clientes. Nombre, correo, historial de compra. Se nos ha olvidado, con demasiada frecuencia, que los empleados también son personas cuyos datos se tratan, y que las decisiones que les afectan a ellos también tienen que poder explicarse. No hace falta tener un departamento de ingenieros para que esto te toque. Basta con tener una hoja de cálculo que automatiza algo y a nadie se le ha ocurrido revisar.

Lo que me parece interesante del caso de Uber no es la cifra, con ser enorme. Es que la sanción no vino por el fraude que la empresa intentaba detectar, sino por no dejar que una persona mirara el caso antes de actuar. Ese es, para mí, el resumen de toda la norma española que ha entrado en vigor esta semana: no se prohíbe automatizar, se prohíbe automatizar sin que nadie pueda dar la cara después.

Si tienes una empresa y usas algún sistema que reparte turnos, calcula variables o decide ascensos de forma más o menos automática, te propongo un ejercicio sencillo. Pregúntate si podrías explicarle a un empleado, con detalle y por escrito, por qué el sistema decidió lo que decidió la última vez que le tocó algo a él. Si la respuesta es que no lo sabes ni tú, ahí tienes tu primera tarea de esta semana. Y no es una tarea de informático. Es una tarea de empresario.

Rubén Cerviño Pérez, fundador de Guardián de Datos